El neoliberalismo y el precio de la tortilla

Magú lo ha dicho mejor que nadie:


La subida desenfrenada de los precios de tortillas (y maíces) ayudan a explicar de manera tan clara, tan sencilla, lo que es el neoliberalismo y la economía de libre mercado: el hambre más allá de la teoría, de las coyunturas electorales y las banderas con nombres y apellidos. Y es que en el debate en torno al precio del maíz se han mostrado las limitaciones de la izquierda y la derecha (institucionales): la primera no ha sido capaz de articular una respuesta coherente, integral, de lo que el Estado debería hacer frente a la embestida de los especuladores, además de criticar a los que sí tienen poder y no saben cómo hacer para sortear la crisis (¡es tan facil mantenerse siempre en la oposición, ser la consciencia crítica que no sabe/quiere/puede proponerse como alternativa en el poder!); y la segunda trata de hacer como puede para remediar los efectos de la subida de precios, sabedora de que poco puede hacer con las causas (que, por otro lado, ella misma contribuyó a crear). Ojalá las manifestaciones en contra del precio del maíz nos ayuden a avanzar en la creación de un espacio político que vaya más allá de los políticos profesionales (así dicen que se llaman).

Les comparto dos artículos luminosos que aparecieron la pasada semana en La Jornada:

Tortilla: la quiebra de un modelo
Luis Hernández Navarro

El alza en el precio de la tortilla ha puesto al descubierto la debilidad del Estado mexicano frente a los monopolios. Quienes controlan la comercialización e industrialización del maíz pueden organizar una corrida inflacionaria y salir impunes. El Ejecutivo no cuenta con armas para combatir en esa guerra. Las últimas que tuvo las entregó hace siete años.

La respuesta del gobierno federal ante el incremento ha sido lastimosa. Cierra unas pocas tortillerías y difunde su acción en los medios de comunicación como si fuera una ofensiva frontal contra el abuso y esas empresas las culpables de lo que sucede. Las acusa de no anunciar el precio de venta de su producto a la vista del público o de alterar las básculas. Lo cierto es que, más allá de que algunos de sus dueños se han aprovechado de la situación, ellos no son los responsables principales del aumento.

El Ejecutivo federal anuncia que próximamente va a permitir la importación de maíz blanco sin pago de arancel. Pero resulta que quienes van a adquirir el cereal son, en parte, los responsables del aumento, los mismos que controlan ya los inventarios. Y las importaciones van a golpear a los agricultores y campesinos del país, van a inundar el mercado con grano de mala calidad al tiempo que contaminarán sus sembradíos con variedades transgénicas y aflatoxina.

Por supuesto, la administración de Felipe Calderón calla la información sobre quiénes son los especuladores. ASERCA tiene un reporte detallado de ellos. Con la actual estructura de acopio y venta, en la que el gobierno federal subsidia la comercialización, cuenta con un informe preciso de quiénes tienen en sus bodegas el maíz. Sin embargo, esta alza no proviene, tan sólo, de la incapacidad del gobierno para intervenir razonablemente en los mercados. El menos interesado en que se presentara una crisis como ésta es el Presidente de la República. El incremento en el precio le abre un enorme boquete a su gobierno, ya de por sí necesitado de legitimidad. Ante la población más necesitada, ésta reprueba su gestión. De paso, abona el terreno para que la inflación crezca.

Más allá de los factores coyunturales que la precipitan, el incremento al precio de la tortilla muestra la crisis de la cadena maíz-tortilla diseñada durante los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. El nuevo modelo desmanteló, en nombre de la modernización, un esquema en el que el Estado regulaba el mercado a través de la fijación de precios de garantía y la regulación de las importaciones. Dejó a productores y consumidores inermes frente a las fuerzas del mercado, al tiempo que entregó el control del proceso a unas cuantas agroindustrias.

El anterior modelo estimulaba la producción garantizando a los agricultores un precio de garantía de su producto, proporcionando crédito y asistencia técnica. Para proteger los precios internos, el gobierno controlaba el grano que entraba al país a través de permisos de exportación. Conasupo acopiaba entre 15 y 20 por ciento de producción, y por medio de sus filiales lo distribuía a comunidades remotas que no tenían abasto suficiente. De esta manera se combatía el acaparamiento del cereal y se mantenía una reserva nacional para enfrentar adversidades y tiempos difíciles.

Simultáneamente vendía la tortilla a un precio subsidiado, primero a toda la población y, después, a los más pobres. Conasupo funcionaba como el principal abastecedor de la industria de molinos y masa nixtamalizada. El esquema permitía asegurar el control del precio de la tortilla, elemento central en un país con salarios muy bajos.

El nuevo modelo, apalancado con el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), buscó, según el entonces subsecretario de Agricultura Luis Téllez, "permitir una transición ordenada de recursos productivos de los cultivos tradicionales a los cultivos de exportación". Al mismo tiempo, impulsó la reconversión productiva para que los campesinos maiceros abandonaran esta actividad, concentrándola en 30 por ciento de los productores con mejores recursos.

Impulsó ­basado en un estudio de Santiago Levy­ la importación de maíz barato desde Estados Unidos, argumentando que beneficiaba a los consumidores pobres y a los trabajadores asalariados del campo y la ciudad. Fomentó el drenaje de la población rural "sobrante" con la promesa de integrarse al mercado de trabajo y programas de asistencia a la pobreza. Desmanteló Conasupo y entregó a Minsa, Maseca y Cargill el control de los mercados de maíz, renunciando a contar con un banco de granos capaz de garantizar el abasto de maíz en situaciones difíciles. Y, finalmente, acabó con los programas de subsidio a la tortilla.

Los resultados de esta política han aparecido nítidamente durante esta última crisis. Desde la entrada en vigor del TLCAN en enero de 1994 la tortilla ha incrementado su precio en 738 por ciento. Como resultado de ello, su consumo por persona ha disminuido. Este alimento es, además, de peor calidad.

El saldo es brutal. En los mercados reina la ineficiencia. La comercialización e industrialización del grano se han concentrado en tres grandes empresas. La alimentación de los mexicanos depende ahora mucho más de Estados Unidos. Las semillas criollas se han infectado con variedades transgénicas de importación. La migración rural ha hecho de muchas comunidades poblados desiertos, habitados por ancianos, mujeres y niños. Una parte sustancial de la producción de cereal se ha trasladado a zonas de riego, que deberían estar dedicadas a otros cultivos. Frente a otros cultivos, cuyos precios sufrieron una fuerte caída ante la apertura comercial, el maíz se convirtió en un cultivo relativamente rentable.

Sin embargo, no todo es sombrío en el panorama. A pesar de tener todo en contra y a contracorriente de las previsiones de los tecnócratas, los campesinos mexicanos siguen sembrando su milpa.



Cargill: "el maíz de sus tortillas"
Luis Hernández Navarro

Cargill nunca pierde en México. Cuando el precio de la tortilla sube hasta las nubes, gana. Si se importa maíz de Estados Unidos, se beneficia. Si, por el contrario, el cereal se exporta a otras naciones, recibe subvenciones. Cuando se licita el uso, aprovechamiento y explotación de terminales granaderos en puertos, se queda con ellas.

Cargill, fundada hace 140 años, es la segunda empresa privada más grande del mundo. Trabajan para ella 149 mil empleados en 72 países. La revista Fortune la ubica en el lugar 20 de las compañías más importantes del planeta. Se dedica a la compra, procesamiento y distribución de granos y otros productos agropecuarios. Se describe a sí misma en un folleto publicitario como "la harina en su pan, el trigo en sus tallarines, la sal en sus frituras. Somos el maíz de sus tortillas, el chocolate de su postre, el edulcorante de su gaseosa. Somos el aceite de su aderezo y la carne, cerdo o pollo que usted come en la cena. Somos el algodón de su ropa, la terminación de su alfombra y el fertilizante de su campo."

La trasnacional comenzó a tener presencia en México hace más de 80 años, cuando incursionó en operaciones forestales en el noreste. Dos décadas después recuperó sus actividades, ahora en el área agrícola. En 1972 inauguró su primera oficina en territorio nacional con seis empleados. El Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) primero, y la desaparición de Conasupo abrieron enormes huecos en el mercado nacional de granos que fueron ocupados por el gigante. Desde entonces, su presencia en la agroindustria mexicana es imparable.

El TLCAN establece que las importaciones de maíz estadunidense pueden requerir sujetarse a cupos establecidos cada año que, de rebasarse, deben pagar un arancel. Sin embargo, el gobierno mexicano eliminó unilateralmente esta protección, permitiendo el ingreso de mayores volúmenes de grano sin pago. Tan sólo entre 1994 y 2001, las importaciones fuera de cuota ascendieron a casi 13 millones de toneladas. Las grandes agroindustrias como Cargill y ADM vendieron la mayoría del maíz que México compró en Estados Unidos, beneficiándose enormemente de la importación del cereal sin pagar arancel. De paso, se beneficiaron del subsidio oculto presente en los créditos a la exportación que Washington otorga. Ana de Ita ha documentado ampliamente estas prácticas.

Los recursos destinados a los programas de pignoración, almacenaje, maniobras, flete y cabotaje para que la cosecha de maíz de Sinaloa (la más importante del país) sea trasladada a lugares remotos, así como para permitir su entrada al mercado de manera escalonada en el tiempo, han sido generosamente otorgados a Cargill. Cuando, como sucedió durante 2006, la trasnacional exporta cientos de miles de toneladas del cereal a otros países, el gobierno mexicano subvenciona el negocio.

Los productores comerciales de maíz blanco en nuestro país reciben por su producto un precio acordado con el gobierno llamado precio objetivo. Este es mayor al establecido en el mercado internacional más los costos de fletes y almacenajes desde la referencia de Nueva Orleáns hasta el punto de consumo en México (conocido como precio de indiferencia). Esta diferencia entre precio objetivo y precio de indiferencia puede fluctuar entre 450 y 500 pesos la tonelada, que paga el gobierno y no las empresas comercializadoras del grano, las cuales sólo desembolsan el precio de indiferencia. Cargill, como una de las más importantes acopiadoras del cereal, obtiene así, de manera indirecta, un importante subsidio.

En 2002 la Comisión Federal de Competencia autorizó a Cargill el uso, aprovechamiento y explotación de una instalación portuaria especializada en Guaymas, Sonora, junto con el Grupo Contri, cuya actividad preponderante son silos para el acopio, conservación, mantenimiento, almacenamiento y comercialización de toda clase de granos, principalmente trigo, maíz y sorgo. El gigante controla, además, el puerto de Veracruz, entrada principal de las importaciones graneleras.

Cargill tuvo un pequeño percance en tierras mexicanas, cuando en 2001 el Congreso aprobó un impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a la fructosa (esdulcorante elaborado a partir del maíz). La trasnacional importaba cerca de 385 mil toneladas anuales del producto. El asunto se zanjó en tribunales comerciales internacionales. México perdió el pleito.

Señalada como una de las principales responsables del alza al precio de la tortilla, compró y almacenó 600 mil toneladas de maíz de Sinaloa a mil 650 pesos la tonelada, que meses después vendió en 3 mil 500 pesos. Ahora, con la liberación de los cupos de importación del cereal, para supuestamente bajar los precios, obtendrá un nuevo beneficio. Según Lorenzo Mejía, presidente de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías, "los molinos no podremos importar y buscaremos los servicios de Cargill".

La empresa ha rechazado las acusaciones y ante la ola de indignación, negó ser "el maíz de sus tortillas". "Cargill ­expuso en un comunicado­ comparte con los consumidores, los industriales de la masa y la tortilla, así como con la industria pecuaria, su preocupación por el alto precio que el maíz ha alcanzado en las últimas fechas." Responsabilizó del incremento al libre mercado y aseguró que la adquisición del grano mexicano por parte de porcicultores nacionales originó presiones al alza.

La experiencia mexicana con Cargill da la razón a las declaraciones de Felipe Calderón en Davos. En las pasadas elecciones del 2 de julio en México ganó el libre mercado. Triunfó un modelo que permite la especulación con el principal alimento de la dieta popular, que orienta los subsidios públicos a las ganancias privadas, que auspicia prácticas monopólicas, que destruye la economía campesina. Resultó victorioso un modelo que hace de la devastación y el lucro su razón de ser.